Cambio radical en la estrategia de Iñaki Urdangarin en el ‘caso Nóos’. El yerno del Rey, que hasta hace unas horas había negado absolutamente cualquier responsabilidad en el millonario desvío de fondos públicos a la organización sin ánimo de lucro que presidió hasta 2006, ahora está dispuesto a admitir su culpabilidad. Su gris futuro judicial -que amenaza con convertirse directamente en negro tras la declaración de su exsocio y ahora enemigo, Diego Torres, el próximo 22 de mayo- ha hecho que su defensa intente llegar a un complicado acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para evitarle, cuanto menos, la cárcel.
¡Y pensar que repitió, hace poco, por activa y por pasiva, "que voy a defender mi honor y mi inocencia"!. Ahora no tiene empacho en reconocer su culpabilidad. Cinismo se llama a esta figura.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, la oferta del duque de Palma tiene tres puntos: el imputado admite su responsabilidad penal en los delitos de malversación, fraude a la Administración, falsedad documental y evasión fiscal; devuelve a la Hacienda Pública entre 3,7 y 4 millones de euros; y, a cambio, la acusación pública pide para él una pena menor a los dos años de cárcel. La clave está en esta petición de la Fiscalía. Al no tener antecedentes penales, aunque fuera condenado de mutuo acuerdo por estos delitos, al ser la pena inferior a dos años de prisión no pisaría la cárcel.
La Fiscalía, que desde hace semanas se barruntaba un ofrecimiento de este calado, no ha tomado decisión alguna. Anticorrupción quiere esperar a conocer la versión de Torres, quien hasta hace una semana amenazaba con tirar de la manta. De hecho, su defensa había exhibido hace solo unos días tres comprometedores correos electrónicos que implicaban al Rey en los negocios de su yerno a modo de ‘aviso a navegantes’. Torres, no obstante, no ve con malos ojos el acuerdo que intenta Urdangarin y está dispuesto sumarse a él, compartiendo los gastos, y firmando una tregua temporal, a la vista de que los ataques del uno al otro (y viceversa) no hacen más que empeorar la situación procesal de ambos.
Sin embargo, el camino para alcanzar un pacto de este cariz está erizado de dificultades. Además de la Fiscalía, hay dos acusaciones particulares en la denominada ‘pieza 25’ del ‘caso Palma Arena’, el Gobierno Balear, que no apenas actúa en este proceso, y Manos Limpias, el beligerante sindicato ultraderechista, que llegó incluso a pedir, sin éxito, la imputación de la infanta Cristina. Y Manos Limpias no quiere oír ni hablar de un acuerdo de conformidad, que así se llama jurídicamente el pacto al que quiere llegar Urdangarin con la Fiscalía.
Por añadidura, hay dos temas que la propia Anticorrupción no considera de recibo: solo por el delito de malversación Urdangarin podría ser condenado a una pena máxima de ocho años de prisión; amén de que la oferta apenas llega a los 4 millones de euros, muy alejados de los 16 millones que el Instituto Nóos y sus empresas satélites facturaron en los años dorados en los que Urdangarin, como presidente, usó su imagen para hacerse con dinero de todo tipo de administraciones públicas e instituciones privadas.
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