Marwan Burini. Presidente de la Comunidad Hispano-Palestina
Palestina libre
Como es conocido, existe un amplio consenso político y jurídico en la sociedad internacional (esto es, entre sus actores estatales e instituciones internacionales) acerca de la resolución del conflicto palestino-israelí sobre la base de dos Estados. Dicha resolución tiene una amplia base legal, asentada en las resoluciones de la ONU. De hecho, su Asamblea General reconoció de facto el Estado palestino en noviembre de 2012. Del mismo modo que lo han hecho algunas de sus agencias especializadas, como la UNESCO, en la que Palestina es Estado miembro de pleno derecho desde finales de 2011 (también con el voto favorable de España).
El Estado israelí existe y tiene reconocido el derecho a existir. De lo que se trata ahora es de reconocer este mismo derecho al Estado palestino, que también tiene derecho a existir y a convivir en paz y seguridad con los otros estados de la región, incluido el israelí. De hecho, la mayor garantía de seguridad y de integración definitiva del Estado israelí en la región pasa ineludiblemente por el derecho a la existencia e implementación de un Estado palestino.
En el otoño de 1991 se iniciaron en Madrid las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes. Más de dos décadas después de infructuosas negociaciones no han concluido en la resolución de este dilatado conflicto. Por el contrario, sus ciclos de violencia se han repetido e incrementado desde entonces, como dramáticamente se ha presenciado en la franja de Gaza durante el pasado verano. Sin olvidar la sistemática expansión colonial que aplica la política de ocupación militar israelí, amenazando la continuidad territorial, viabilidad económica y cohesión demográfica de un Estado palestino y, por consiguiente, la propia resolución del conflicto sobre la mencionada opción de los dos estados.
Sin solucionar las causas estructurales del conflicto, éste se repetirá inexorablemente de manera cíclica y violenta. Para salir de este círculo viciado, los diferentes estados miembros de la sociedad internacional cuentan con una herramienta política y diplomática como es el reconocimiento del Estado palestino. Más que ayuda humanitaria, lo que verdaderamente demanda la sociedad palestina es justicia. En este mismo sentido, se estaría reconociendo y compensando el sacrificio, esfuerzo y concesiones realizadas tanto por la sociedad palestina como por su movimiento nacional de aceptar un mini-Estado en el 22 por ciento de su territorio histórico para poner fin a este prolongado conflicto.
España tiene la oportunidad de renovar su adelantada posición con el reconocimiento del Estado palestino, en sintonía y coherencia con su propia trayectoria exterior. No cabe olvidar que España fue el primer país de Europa occidental en recibir al presidente palestino. La imagen del recibimiento de Yasser Arafat por Adolfo Suárez, en septiembre de 1979, hizo historia. La relación bilateral entre España y Palestina ha pasado a ser más un asunto de Estado que de gobierno. Sus presidentes del Gobierno, desde Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y, cuando era jefe de la oposición, Mariano Rajoy, han recibido a los presidentes palestinos. También sus jefes de Estado, el rey Juan Carlos I y el actual, el rey Felipe VI, cuando era príncipe, han mostrado su apoyo al pueblo palestino y a una solución justa y duradera del conflicto. La propia política española de cooperación internacional para el desarrollo ha contribuido de manera muy significativa a la construcción institucional de un Estado palestino. En coherencia, por tanto, con esta trayectoria, España debería reconocer al Estado palestino.
Además de una amplia y sólida base jurídica, política y diplomática internacional, el reconocimiento del Estado palestino por España se asentaría sobre una amplia y significativa base de apoyo sociopolítico. Junto a los partidos políticos, el conjunto de la sociedad civil española vería favorablemente la adopción de esta toma de decisión. Intelectuales, artistas, juristas, activistas sociales, fuerzas sindicales y movimientos sociales se han pronunciado en repetidas ocasiones y por diferentes medios a favor de los derechos nacionales del pueblo palestino. Por tanto, el reconocimiento del Estado palestino satisface también una demanda sociopolítica interna en sintonía con su agenda exterior.
Lejos de cualquier complejo, y sin mayor dilación, España debería reconocer al Estado palestino. En coherencia con su propia política exterior, Madrid no debería menospreciar ni derrochar el capital político acumulado a lo largo de su historia. Por el contrario, debería seguir contribuyendo a la historia, en particular, a la europea, donde su relación con la cuestión palestina ha señalado la dirección correcta a otros estados europeos desde tiempos más tempranos. La consideración que tiene España en la región no es precisamente ajena a esta histórica posición, que tiene hoy día la oportunidad de renovar con el reconocimiento del Estado palestino.
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