Pero considera que no participó en la gestión ni estaba autorizada en las cuentas corrientes
Andreu Manresa Palma de Mallorca12 ENE 2012 - 21:57 CET2482
El juez José Castro, que instruye el caso Urdangarin, la pieza separada número 26 de la investigación abierta por el sobrecoste de más de 60 millones de euros en la construcción del polideportivo Palma Arena, ha imputado al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por apoderarse de fondos públicos y desviarlos a sus empresas privadas. Pero no ha hecho lo mismo con su esposa, la infanta Cristina, que comparte la propiedad de una sociedad, Aizoon, principal beneficiaria de los negocios supuestamente ilegales del yerno del Rey.
En el sumario apenas hay rastro de la infanta Cristina, pese a que era vocal del Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro que Iñaki Urdangarin utilizó para lucrarse a costa principalmente del dinero de diversas Administraciones públicas (la Comunidad Valenciana y la de Baleares, principalmente).
La presencia de la infanta Cristina en el Instituto Nóos no era relevante, según los empleados de este organismo que han declarado ante la policía o el juez, pues no participaba directamente en la gestión ni conocía los pormenores de las cuestiones financieras ni tomaba parte de las decisiones estratégicas.
Uno de los testigos citados por el juez en uno de sus autos sostiene que en el Instituto Nóos había un “círculo cerrado de toma de decisiones” y entre los nombres de las personas que lo formaban no figura el de la infanta Cristina.
Su esposo, el duque de Palma, desviaba una parte importante del dinero público recibido a su empresa Aizoon, cuya propiedad compartía al 50% con la hija del Rey.
Entre 2004 y 2005, Aizoon recibió 748.000 euros del Instituto Nóos por supuestos trabajos de apoyo logístico para eventos pagados por Administraciones públicas.
La fiscalía considera que esos trabajos de apoyo logístico eran irreales pues en la investigación se ha acreditado quiénes eran las personas que hacían esas tareas y no pertenecían a Aizoon.
En el historial financiero de Aizoon, según el informe de la Agencia Tributaria incorporado el sumario del caso, hay constancia de que durante los últimos cinco años Aizoon ha manejado ocho cuentas corrientes distintas de tres bancos y en ninguna de ellas figuraba como autorizada la infanta Cristina.
En todas las cuentas estaba Iñaki Urdangarin en solitario o, en los últimos años, acompañado del apoderado de la empresa e imputado ahora por el juez, Mario Sorribas Fierro.
La infanta Cristina declaró a la Agencia Tributaria la mitad de los beneficios que generaba Aizoon, según las indicaciones que le dieron los asesores jurídicos y fiscales de Iñaki Urdangarin. Un correo electrónico y una nota manuscrita así lo acredita, según figura en el sumario.
Pero el juez que instruye el caso y los fiscales que lo investigan no consideran, al menos de momento, que haya indicios de la participación de la infanta Cristina en los negocios irregulares de su marido, aunque de todos los documentos requisados se deduce que la hija del Rey se benefició de las actuaciones ilegales de la trama.
La investigación judicial pretende determinar si en las prácticas empresariales de Iñaki Urdangarin se produjo falsedad, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.
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Extraño juicio, en que el fiscal defiende a los acusados (bueno, a la acusada) y el juez no está de acuerdo, o al menos calla.. ¿Y el defensor, que hace? ¿Le dan el trabajo ya hecho?
En el sumario apenas hay rastro de la infanta Cristina, pese a que era vocal del Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro que Iñaki Urdangarin utilizó para lucrarse a costa principalmente del dinero de diversas Administraciones públicas (la Comunidad Valenciana y la de Baleares, principalmente).
La presencia de la infanta Cristina en el Instituto Nóos no era relevante, según los empleados de este organismo que han declarado ante la policía o el juez, pues no participaba directamente en la gestión ni conocía los pormenores de las cuestiones financieras ni tomaba parte de las decisiones estratégicas.
Uno de los testigos citados por el juez en uno de sus autos sostiene que en el Instituto Nóos había un “círculo cerrado de toma de decisiones” y entre los nombres de las personas que lo formaban no figura el de la infanta Cristina.
Su esposo, el duque de Palma, desviaba una parte importante del dinero público recibido a su empresa Aizoon, cuya propiedad compartía al 50% con la hija del Rey.
Entre 2004 y 2005, Aizoon recibió 748.000 euros del Instituto Nóos por supuestos trabajos de apoyo logístico para eventos pagados por Administraciones públicas.
La fiscalía considera que esos trabajos de apoyo logístico eran irreales pues en la investigación se ha acreditado quiénes eran las personas que hacían esas tareas y no pertenecían a Aizoon.
En el historial financiero de Aizoon, según el informe de la Agencia Tributaria incorporado el sumario del caso, hay constancia de que durante los últimos cinco años Aizoon ha manejado ocho cuentas corrientes distintas de tres bancos y en ninguna de ellas figuraba como autorizada la infanta Cristina.
En todas las cuentas estaba Iñaki Urdangarin en solitario o, en los últimos años, acompañado del apoderado de la empresa e imputado ahora por el juez, Mario Sorribas Fierro.
La infanta Cristina declaró a la Agencia Tributaria la mitad de los beneficios que generaba Aizoon, según las indicaciones que le dieron los asesores jurídicos y fiscales de Iñaki Urdangarin. Un correo electrónico y una nota manuscrita así lo acredita, según figura en el sumario.
Pero el juez que instruye el caso y los fiscales que lo investigan no consideran, al menos de momento, que haya indicios de la participación de la infanta Cristina en los negocios irregulares de su marido, aunque de todos los documentos requisados se deduce que la hija del Rey se benefició de las actuaciones ilegales de la trama.
La investigación judicial pretende determinar si en las prácticas empresariales de Iñaki Urdangarin se produjo falsedad, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.
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Extraño juicio, en que el fiscal defiende a los acusados (bueno, a la acusada) y el juez no está de acuerdo, o al menos calla.. ¿Y el defensor, que hace? ¿Le dan el trabajo ya hecho?
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